Estableció los principios básicos del gobierno constitucional en Gran Bretaña; incluyendo la supremacía del Parlamento sobre la monarquía, el derecho a tener un juicio con jurado y la prohibición de fianzas excesivas y castigos crueles e inusuales. Junto con la petición de derecho 629) y el Acta de establecimiento (1701), esta ley ayudó a moldear el sistema constitucional británico.