Acto legislativo declara que una persona es culpable de un delito y establecer penas sin el beneficio de un juicio formal. La Constitución prohíbe al Gobierno federal (artículo I, sección 9, cláusula 3) y los gobiernos estatales (artículo I, sección 10, cláusula 1) de aprobar proyectos de ley de proscripción.